Las Mujeres No Inventamos El Nepotismo

"Alguna vez le preguntaron al recordado dictador nicaragüense Anastasio Somoza, uno de los abanderados del nepotismo, por qué tenía tantos parientes en su gobierno. La respuesta que ofreció fue tan ingeniosa como obscena: "Yo no tengo la culpa de que mi familia sea tan talentosa" .

La anécdota viene a cuento de las explicaciones que brindó el gobierno nacional frente a los cuestionamientos realizados contra la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, por la supuesta contratación de familiares y amigos, entre otras acusaciones por las cuales deberá responder ante la Justicia.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, rechazó duramente las denuncias contra la funcionaria. Visiblemente contrariado, durante la conferencia de prensa que ofreció para responder a los cuestionamientos, decidió no contestar preguntas de los hombres de prensa, con el fin de evitar que el autor de la investigación periodística del diario Clarín , allí presente, pudiera interrogarlo. Posteriormente, más calmado, Fernández habría intentado justificar su actitud: "Estaba muy caliente. No saben lo que cuesta conseguir que especialistas de organizaciones civiles acepten cargos de gobierno" .

El funcionario aseguró que no hay violación de ley alguna por parte de Romina Picolotti. En su favor puede esgrimirse, curiosamente, un decreto que data de la presidencia de Carlos Menem, el 41/99, por el cual se aprobó el Código de Etica de la Función Pública.

El artículo 41 de ese código señala, al referirse a los conflictos de intereses, que "a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo" . Pero con cierta picardía se introdujo otro artículo, el 43, sobre nepotismo y favoritismo, que expresa: "El funcionario público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado" .

Valiéndose de este último artículo, que generó dolores de cabeza a quienes bregaron por un código de ética pública que asegurara la transparencia y la honestidad, un funcionario podría designar a todos los miembros de su familia mientras cumplan con un requisito de difícil definición en cuanto a su alcance, como la idoneidad.

El problema de la designación de parientes y amigos en la función pública no pasa sólo por la existencia o carencia de idoneidad. Guarda relación con la dificultad que tiene un funcionario para ejercer el principio de autoridad con un familiar directo o una persona de estrecha amistad. ¿Puede, por ejemplo, un funcionario despedir fácilmente a su pareja sabiendo que tal decisión afectará negativamente su propio ingreso familiar? Claro que la discusión puede parecer irrelevante en un gobierno donde el primer mandatario ha nombrado a su hermana en un ministerio y ha abdicado en favor de su esposa. O donde un importante órgano de control es presidido por la esposa de un ministro clave. O con casos como el de Ricardo Pacha Velasco, que pasó de tener un influyente despacho en el Banco Nación junto al de su pareja, Felisa Miceli, a ocupar un cargo en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para saltar desde allí -tras la crisis por Skanska- a la Subsecretaría de Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, sin muchos más méritos que su experiencia como carpintero y su relación con la actual ministra de Economía.

La titular del Palacio de Hacienda ha prometido a sus superiores que en los próximos días presentará todas sus pruebas sobre la ruta del dinero encontrado en el toilette de su despacho. Aun cuando su última versión acerca del hallazgo de la misteriosa bolsa con dinero sea cierta, como mínimo la ministra habría faltado a la verdad: a poco de difundirse la noticia, aclaró que todo el dinero en cuestión estaba plenamente justificado en sus declaraciones juradas y unos días después admitió que la mayor parte de aquel monto se lo había prestado su hermano.

El gobierno de Kirchner ha adoptado una decisión política: no le entregará ninguna cabeza a la oposición en medio del actual escenario preelectoral. Curiosamente, ninguno de los dos más recientes escándalos, como tampoco el caso Skanska, explotaron en la opinión pública a raíz de acciones de dirigentes de la oposición. Por el contrario, han sido el fruto de investigaciones periodísticas, ayudadas en parte por un fenómeno que avanza en las postrimerías de la gestión Kirchner: el internismo. Esto explica por qué el Gobierno, para defender a la secretaria de Ambiente, recurrió a la estrategia de matar al cartero , tratando de desacreditar al periodista que divulgó la noticia.

El enfado del jefe de Gabinete con el Grupo Clarín por la difusión de lo que hoy puede llamarse el Rominagate fue más que evidente. A tal punto que se preocupó por recordarles a sus directivos, por medios indirectos, que ciertas iniciativas del grupo, como la fusión entre Multicanal y Cablevisión y proyectos en materia de telefonía, requieren la aprobación del Gobierno. La sorpresiva e insólita designación, en representación del Estado, de Alberto Fernández como director de la empresa Papel Prensa -cuya propiedad comparten Clarín, LA NACION y el Estado- fue un mensaje en el mismo sentido.

En medio de los casos de corrupción, de la grave crisis energética y sus cada vez más palpables consecuencias sociales, y de la inflación disimulada grotescamente por el índice K del Indec, el fallo de la Corte Suprema que abrió la puerta para la nulidad de los indultos a militares decretados por Carlos Menem le permitió respirar al agobiado primer mandatario.

La discusión sobre nuestro pasado trágico ha sido habitualmente para el Gobierno un salvavidas para alejarse del debate de los trágicos hechos del presente, empezando por la inseguridad. Casi tan efectivo como las hazañas de la selección argentina de fútbol.

La reciente sentencia de la Corte, objetada por los jueces Carlos Fayt y Carmen Argibay, plantea, en concordancia con tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina, que todo crimen de lesa humanidad es imprescriptible. Pero, en forma cuestionable, ha sentado el criterio de que sólo cabe aplicar esa calificación a las acciones del terrorismo en que se empleó el aparato estatal. Tal criterio restrictivo se contrapone con la definición que de los delitos de lesa humanidad han brindado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas.

La novedad con la que se encontrará la Justicia en las próximas horas es la presentación de una demanda contra todas aquellas personas vinculadas con la organización Montoneros, promovida por Ana Lucioni, hija de un teniente primero asesinado por grupos terroristas en 1976. Lo original de esta denuncia es que se funda en evidencias de que los montoneros gozaron de apoyo del aparato estatal para sus operaciones. En tal sentido, esgrime que miembros de esa organización ocuparon cargos durante el gobierno nacional de Héctor Campora, incluyendo tareas de inteligencia, y del gobierno bonaerense a cargo de Oscar Bidegain. La demandante, utilizando los argumentos de la Corte, solicita la reactivación de todas las causas en las que se hubiere decretado sobreseimiento o que hubieren finalizado merced a indultos, habida cuenta de que los delitos de Montoneros constituyen delitos de lesa humanidad.

Una vez más, somos presos de las sombras del pasado. "

Por Fernando Laborda.